capitulo 16, Un presidente paramilitar, una Vida Muchas vidas.

 

Un presidente paramilitar

El narcotráfico es un salto que tratan de dar algunos integrantes de los sectores populares en Colombia para ascender rápida­mente en la escala social. Este fenómeno refleja la configuración de una sociedad de castas, que en el país se llaman estratos. Es una denominación tecnocrática, pero en realidad se refiere a una serie de guetos sociales similares a los de India y que imposibi­litan la movilidad social. Solo cuando se rompen las reglas, se logra una movilidad. En este sentido, el antecedente directo del narcotráfico eran las revoluciones, que buscaban romper con el statu quo en nombre de la justicia social y la igualdad.

Después del fracaso de la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo a finales de los años sesenta, y de la retoma terrate­niente de la política agraria de Misael Pastrana en los setenta, la idea de la revolución se transformó en Colombia. El deseo por la justicia social se reemplazó por un camino mucho más fácil, producto de una cultura parroquial, moralista, de estirpe pro­testante de los Estados Unidos, que llevó al alza los precios de las drogas y se convirtió en una oportunidad para algunos sec­tores populares. Para muchos colombianos, las actividades rela­cionadas con el tráfico de esas sustancias representaban una salida rápida de la exclusión económica. Así, personas antes estancadas pasaron a convertirse en los más poderosos del país.

Los narcotraficantes trataban de mantener sus excedentes económicos atesorados. La expresión “atesoramiento” es instru­mental, porque en economía política implica una negación del capitalismo. En los fundamentos del capitalismo, el dinero no se atesora, sino que se invierte. El dinero se convierte en dinero capital, porque pasa por un proceso productivo para su valori­zación. En Colombia los narcotraficantes empezaron a recibir, gracias a la prohibición de las drogas en Estados Unidos, unas sumas astronómicas, que simplemente atesoraban, guardándo­las en caletas o debajo de los colchones de sus camas. Los col­chones, sin embargo, no daban abasto y, por tanto, ellos tenían que construir casas exclusivamente para guardar los barriles de billetes. Por eso nació la necesidad de lavar dólares, para poder­los meter en circuitos económicos y así usar el dinero. El lavado de dinero se volvió toda una empresa con tecnologías propias, y el primer elemento fue la tierra. El Estado jugó un rol impor­tante en esta economía a través de la contratación pública y el manejo del presupuesto.

La acumulación en tierras impulsó al sujeto terrateniente hacia instancias superiores de poder y de supremacía social que no existían desde la época de la esclavitud y de la colonización española. En esos años, la concentración de la tierra en manos de unos pocos individuos creció significativamente. Cuando yo era niño, alguien con 3000 hectáreas era considerado un terra­teniente, y alguien con 10 000, un cacique. En la época del nar­cotráfico, la posesión de tierras saltó a 100000 y 200000 hectáreas por persona, e incluso una banda narcotraficantes alcanzó a poseer un millón de hectáreas. Echavarría, al referirse a este fenómeno, hablaba de que los narcotraficantes preferían la tierra por encima de la liquidez. Para Keynes, esa práctica obs­truía el desarrollo del capitalismo, El narcotráfico impulsó esa preferencia de manera espectacular y, así, el terrateniente se vol­vió un sujeto con muchísimo más poder que antes y con mayor representación en el mundo político y en el de las leyes.

El terrateniente, mejor dicho, no solo se había convertido en el dueño del poder local. También había adquirido una influencia desmedida dentro de los poderes nacionales y había logrado subyugar incluso al incipiente capitalismo industrial de Colombia, que pacíficamente cedió los espacios del poder. Un buen ejemplo es lo que ocurrió con el Grupo Empresarial Antioqueño y otros grupos industriales en Bogotá. Ellos apo­yaron los candidatos del poder terrateniente, que ya se habían paramilitarizado y que, por ende, representaban una especie de narco feudalismo moderno disfrazado bajo la ideología del gran poseedor de tierras, un fenómeno verdaderamente anacrónico y supremamente reaccionario.

Ahora, ¿cuál era el fin de tener tanta tierra? Bajo la nueva lógica impulsada por el narcotráfico, el valor de la tierra es su renta, pero en Colombia esa renta pasó a ser lo que yo llamo la renta cocainera. La tierra había dejado de tener valor económico en términos de productividad y, en cambio, había adquirido un valor político. En otras palabras, el que tenía tierras tenía el poder en su municipio y podía controlar a la población. Es aquí donde surge la figura de Álvaro Uribe Vélez 

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De acuerdo con ciertas investigaciones, Alberto Uribe Sierra, el papá del expresidente, no era un hombre adinerado. Hacía parte del sector popular del municipio donde vivía y allí desarrollaba algunas actividades cívicas, junto a un frente de seguridad ciu­dadana. Uribe, según esa teoría, no viene de la oligarquía y, por eso, las élites colombianas incluso hoy lo ven como un ser  extraño. Sin embargo, al igual que el narcotráfico, Uribe y su familia crecieron económicamente de manera acelerada y se convirtieron en grandes poseedores de tierras. Según un informe de la inteligencia de Estados Unidos, el padre de Uribe Vélez era muy cercano de Pablo Escobar; y por eso el jefe del cartel de Medellín, a través de avisos y una campaña publicitaria, lamentó su muerte en 1983.

Uribe Sierra no solo tenía relaciones con Escobar, sino con el clan de los Ochoa Vázquez. Ellos, en algún momento, llega­ron a ser más poderosos que Escobar y fueron los verdaderos fundadores del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), el primer grupo paramilitar del país, a comienzos de los años ochenta. Los nexos que unían a la familia Uribe con los inte­grantes del cartel de Medellín llevaron a que el expresidente cre­ciera en un mundo de negocios, caballos de paso fino y grandes ganaderías de toros de lidia, que era una de las formas de lavado de dólares de esa mafia.

Los narcotraficantes solían comprar ganaderías, equipos de fútbol, reinas de belleza, modelos y mujeres del jet-set como parte de sus pasatiempos, pero fundamentalmente compraban tierra. Uribe Vélez heredó una enorme cantidad de tierra de su padre, un hombre que, al final de su vida, pertenecía al estrato terrateniente, compuesto por unas 2000 personas en todo el país. Un grupo pequeño que poesía la mayor parte de tierra fér­til de Colombia, a pesar de que no la tenían como instrumento de producción. Porque el poder de las grandes extensiones era otro: les permitía labrar un camino para controlar las alcaldías de elección popular y las gobernaciones. De esta manera, se construyó un régimen local, gracias a una fusión entre familias políticas que poseían tierras y el narcotráfico. En Antioquia, esta alianza, por orden de Pablo Escobar, empezó a formar ejércitos. Y, así, los narcotraficantes pasaron de ser grandes terratenien­tes a controlar clanes urbanos, que crecieron por medio de la repartición de dinero en barrios populares.

Otro de los intereses de los narcotraficantes era tener tierras ubicadas estratégicamente, que les permitiera la salida en masa de toneladas de cocaína por el mar. Por esa razón, los golfos que son importantes para ese tipo de actividad, se volvieron muy importantes, sobre todo en el Caribe, donde se articulan Antioquia y el Caribe colombiano. Ese lugar se conoce como “la mejor esquina” y está compuesto por el Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre, el golfo de Urabá y el golfo de Morrosquillo. Todas las alcaldías de esos municipios cayeron eventualmente en manos de las organizaciones narcotraficantes, que compra­ban los votos, instalaban sus ejércitos privados y, finalmente, amenazaban y asesinaban a quienes se oponían.

La alianza entre el ejército, el narcotráfico y los clanes polí­ticos produjo una serie de sociedades totalitarias con control absoluto sobre sus poblaciones. En ellas, no se permitía ningún tipo de oposición, de voz diferente, incluso de conducta social diversa. Los nuevos señores de la guerra asesinaban homosexua­les, personas adictas a la droga y ladronzuelos a través de lo que se llama “limpieza social”. Iban, en realidad, en contra de cual­quier elemento que se pudiesen concebir como una oposición al control mafioso de su territorio. Era un fascismo total que logró hacerse un lugar también por la historia del país.

La narrativa fascista llegó a Colombia a mediados del siglo XX, a través del Partido Conservador, y dirigió el país a partir de 1950. Ese año se desató una violencia atroz contra el pue­blo liberal, y el relato fascista se instaló poco a poco en los mandos militares y policiales. Esa narrativa también logró ins­talarse en ciertas universidades y, sin mayor elaboración inte­lectual, los narcotraficantes y los terratenientes acogieron esas ideas. El fascismo se convirtió en una práctica, más que en una teoría, que encontró su paroxismo en el territorio controlado por las autodefensas.

En el Magdalena Medio, una zona entonces profundamente paramilitar, se creó una agrupación fascista llamada Morena (Movimiento de Restauración Nacional), que contó con el apoyo de Iván Roberto Duque y de terratenientes de la zona, como José Miguel Narváez y Pedro Juan Moreno. Se dice que en sus fincas hacían sonar el himno de los nazis a muy alto volumen. Los miem­bros de Morena se posesionaron como bárbaros intelectuales. Eran unos fascistas ideológicos y se articularon rápidamente con las cúpulas de los paramilitares. Su labor era irradiar su teoría polí­tica, a pesar de que muchos miembros de las autodefensas no sabían de qué trataban esas ideologías.

Álvaro Uribe no desconocía este fenómeno. En su propio departamento, después de ser el gran vocero neoliberal de Gaviria, y de haber participado como protagonista en la cons­trucción de las principales leyes del neoliberalismo en Colombia, se convirtió en una figura fundamental para el paramilitarismo como resultado del asesinato de su padre. Uribe construyó una narrativa según la cual los responsables de esa muerte fueron las FARC, pero aún no se sabe si eso es cierto. Otra tesis judicial asegura que Uribe Sierra murió como resultado de una vendetta entre narcotraficantes en la Hacienda Guacharacas, una de las grandes propiedades de la familia, en el municipio de San Roque. Esa zona, en el Magdalena Medio, es la gran cuna del paramili­tarismo en Colombia.

Cuando su padre murió, en 1983, Álvaro Uribe era un hom­bre joven al que muchos describían como un yupi. Tenía una figura delgada, gestos finos y perfil afilado. En Antioquia, era muy conocido y todos sabían que era un terrateniente, amigo del cartel de Medellín. El patriarca del clan Ochoa siempre dijo que él era una buena opción presidencial. Para ellos, Uribe era la figura política del futuro. Los narcotraficantes le abrieron camino y lo apoyaron, no solo en la Aeronáutica Civil, donde legalizó la mayor parte de las pistas aéreas que utilizó la mafia entre 1980 y 1982, sino como senador y gobernador de Antioquia. En 1994, cuando Uribe terminaba su segundo periodo como senador, los grupos paramilitares lograron un despliegue aún mayor con la creación de las Convivir, un instrumento que amparó, de forma legal, alas autodefensas.

Uribe no redactó como tal el decreto que las legitimó, pero fue el gobernador que más lo aplicó en todo el país, ante al aplauso efusivo de casi toda la oligarquía. En una carta, Enrique Peñalosa alabó el surgimiento de las Convivir, para no hablar de la relación que sintió la extrema derecha. El paso de Uribe por la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997 fue, en ese sen­tido, decisivo para el paramilitarismo. Uribe se convirtió en el gobernador de los terratenientes antioqueños, de los grupos de limpieza social y de los comerciantes, que en diversos munici­pios del departamento habían desatado una serie masacres, ase­sinatos selectivos y control territorial.

Las Convivir eran, en esencia, grupos armados pensados para combatir o defenderse de la guerrilla, pero cuyos líderes eran narcotraficantes. Entre ellos estaban Salvatore Mancuso, los terratenientes Botero, Emilse López, alias ‘la Gata’, y su fami­lia, los Villegas Uribe y la misma familia de Álvaro Uribe Vélez. Todos los grupos de limpieza social que se habían fundado pre­viamente al ascenso de Uribe a la gobernación se transforma­ron en varias Convivir, para gozar de los beneficios que les otorgaba esa máscara legal.

Antioquia llegó a tener 20 000 hombres armados que no pertenecían ni a la Policía ni al Ejército, pero que tenían más poder que esas dos instituciones juntas. Estos hombres se dedi­caron a la destrucción de todos aquellos que se asociaban con la izquierda y con el progresismo antioqueño. También trans­formaron en instrumentos del narcofascismo la cultura, las uni­versidades y los centros del saber y del pensamiento. El máximo auspiciador de las Convivir fue el gobernador Uribe. No es casualidad que su gobierno haya coincidido con la máxima expresión del paramilitarismo y el control de rutas de exporta­ción de cocaína.

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En 1997, las autodefensas dejaron de ser una confederación y, bajo la dirección de Carlos Castaño, trataron de construir el sueño que nunca pudo realizar Pablo Escobar: tener una bolsa común donde todos los narcotraficantes del país cotizaran su propia seguridad. Es un fenómeno que se conoce como “seguri­dad mafiosa”. De hecho, toda mafia es un esquema de seguridad privada que cobra y permite el desarrollo de una multiplicidad de negocios ilícitos de manera segura.

Pablo Escobar soñaba que, bajo ese esquema, se podía crear un aparato de seguridad de gran escala. La idea de Carlos Castaño era que esa bolsa común del narcotráfico estuviera loca­lizada en lo que se llamó la Oficina de Envigado, y que la diri­giera uno de los jefes paramilitares del momento. El elegido fue alias ‘Don Berna que entre otras cosas había sido guerrillero. Lo que buscaba esta estrategia era construir un solo ejército a escala nacional; “el tercer ejército”, como lo llamaban ellos. El primero era el Ejército Nacional. El segundo era el de las FARC, que había crecido gracias a la financiación por medio de impuestos sobre el cultivo de hoja de coca. El tercero, coman­dado por Carlos Castaño, era el paramilitar, que adquirió el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero, como sucede en toda organización narcotraficante, muy pronto las AUC se quedaron sin mando, pues Castaño terminó asesi­nado por sus propios compañeros.

Uno de los propósitos de esta nueva organización paramilitar era obtener poder político. En la reunión en la que se fun­daron las AUC en 1997, sus miembros hicieron un balance de cuántos congresistas, alcaldes y políticos elegidos estaban baje su control. Lograron determinar que les pertenecía una tercera parte del poder político en Colombia, y por eso lanzaron la con­signa política de que podían refundar la patria. Esa refundación significaba el fin de la Constitución del 91 y el regreso a la de 1886. El proyecto lo ayudaron a formular los intelectuales orgá­nicos del paramilitarismo, unos fascistas que planteaban la estrategia de las autodefensas como un proyecto político-militar. Ese fue uno de los mayores avances del narcotráfico, uno que ni siquiera logró la mafia italiana. Lo que necesitaba ahora el paramilitarismo en Colombia era una cabeza política para lograr su objetivo de refundar la patria. En otras palabras, nece­sitaban elegir un presidente.

No les tomó mucho tiempo encontrar al candidato óptimo. La figura política más capaz y con más posibilidades de ganar no era otro que Álvaro Uribe Vélez. En un comienzo, la campaña de Uribe fue marginal, a pesar de contar con el apoyo de los paramilitares y de ideólogos del fascismo como Fernando Londoño Hoyos, Pedro Juan Moreno y José Miguel Narváez. En las encues­tas solo tenía un 4,5 % de la intención de voto. Era una campaña que tenía mucha fuerza en Antioquia, pero que no lograba coger vuelo en el resto del país. Sin embargo, la ruptura del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana cambió las reglas del juego. Esa guerrilla, obnubilada por el poder militar que habían construido sobre la base de la financiación de la hoja de coca, había destruido la posibilidad de hacer la paz y, como consecuencia, en Colombia se desató, por primera vez en su his­toria, el apoyo popular hacia un proyecto de extrema derecha.

La última vez que la extrema derecha había gobernado al país había sido a mediados del siglo XX, pero no a través del voto popular, sino a través del golpe de Estado que ejecutó Laureano Gómez ante la masacre del pueblo liberal y el asesi­nato de Jorge Eliécer Gaitán, su líder principal. Ahora, había encontrado la ruta para retomar al laureanismo ideológico, pero esta vez mediante el voto popular. Había entendido que podía manipular el odio de la población contra las FARC para llegar al poder. Ese grupo de políticos se conoce como el uribismo, un proyecto político que ha gobernado a Colombia durante gran parte del siglo XXI y al cual yo me enfrenté.

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Cuando Uribe llegó al poder, el paramilitarismo había alcan­zado muchas de sus metas. Contaba con el 35 % del Senado de la República, abundancia de tierras, dinero y un presidente que los apoyaba. Ese año, además, dicho apoyo llegó a ser mucho más contundente. Uribe logró disfrazar su alianza con ellos a través de un proceso de paz que tuvo como sede Santa Fe de Ralito. Colombia muy rápidamente ha olvidado que el objetivo central de esas conversaciones fue poner una gran bancada paramilitar en el Congreso en un número indefinido de listas de estos grupos armados que se acordaron con él. No por nada el presidente había presentado un artículo en el referendo para nombrar parlamentarios de grupos que hicieran parte del pro­ceso. Era un verdadero acto dictatorial. De haber pasado ese referendo, Colombia habría entrado en el proceso de la refun- dación de la patria que tanto anhelaban los paramilitares.

La prensa respondió con silencio'a la propuesta y cuando llegó a la Corte Constitucional no se hizo el debido análisis de lo que un instrumento así significaría para la democracia. Sin embargo, la Corte tuvo la valentía de derogarlo, antes de que pasara a la votación popular, y así se cayó el proceso y la nego­ciación con los paramilitares. Uribe, al ver que había sido derro­tado por la rama judicial, y por el mismo pueblo que no acudió a las urnas, se vio obligado a cambiar de estrategia. Decidió pasar una serie de leyes para lograr la alianza entre el paramilitarismo y el Congreso. Es en ese contexto en el cual mis deba­tes tuvieron una pertinencia enorme, porque el pacto del presidente con las autodefensas era secreto; como lo ocultaba la prensa, no era de conocimiento público.

Cuando develé la verdad en mis debates en la Cámara, la estrategia de Uribe quedó hecha trizas. Pero entonces, en 2005, se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que salió del Congreso hecha al antojo de las autodefensas. Si bien se vendió como el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares, en la prác­tica se trataba de un indulto y de un proyecto para que el paramilitarismo pasara a ser reconocido como un actor político, y no como un ejército aliado del narcotráfico. Porque esa ley les otorgó impunidad total, con penas de prisión pequeñas.

Nosotros hicimos un esfuerzo para lograr que el beneficio jurídico solo se obtuviera previo a una confesión a la que llama­mos “la verdad” Por supuesto, ni a Uribe ni a sus aliados en el Congreso les interesaba que existiera ese paso, de manera que la ley se aprobó así, sin verdad. Las autodefensas iban a poder entrar a la legalidad sin ningún costo: con sus tierras concen­tradas, con el poder político en sus manos, con enormes canti­dades de dinero y con una influencia total en el Gobierno nacional. Eso cambió cuando la Corte Suprema de Justicia, haciendo eco de mis debates, empezó a meter presos a los aliados parlamentarios del paramilitarismo. Todos los que yo había denunciado terminaron en la cárcel y algunos más, pues la Corte logró extender las investigaciones.

La Corte Constitucional tampoco permitió que la Ley de Justicia y Paz se convirtiera en un proceso de impunidad. Acogió la tesis que nosotros habíamos planteado en el Congreso e impuso la verdad como condición para otorgarles a los paramilitares el beneficio jurídico. En ese momento estalló la crisis del proyecto de Uribe, que explica su arremetida contra el máximo tribunal de justicia, tanto penal como constitucional. La activi­dad de seguimiento a magistrados, periodistas y líderes de la oposición en el Congreso, realizada por el DAS, evidenciaba el colapso del proyecto político entre Uribe y las autodefensas.

Y, entonces, ese barco se terminó de hundir de la manera más uribista posible. A los paramilitares, aliados del presidente, los sacaron de la cárcel en la mitad de la noche, los pusieron en un avión y los extraditaron a los Estados Unidos. Con ese país existía un acuerdo que garantizaba que ellos solo iban a ser juz­gados en procesos por narcotráfico, y no por su delito funda­mental, que era el crimen contra la humanidad en Colombia. Uribe logró solucionar esa crisis, traicionando a sus amigos. Él nunca nos perdonó nuestro papel estratégico en la destrucción del proyecto paramilitar.