capitulo 11, La Constituyente, una Vida Muchas vidas.

 

La Constituyente

La Asamblea Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991. Cuando llegó esa fecha, la Alianza Democrática M-19 entró al recinto con optimismo. La alianza que había pactado Antonio Navarro con Alvaro Gómez Hurtado prácticamente garantizaba una mayoría absoluta, con 30 de los 70 constituyentes. El líder conservador, que había escindido a su partido al formar el Movimiento de Salvación Nacional, tenía como tesis central la salida del régimen. Para él, había que cambiar los dirigentes actuales y las formas de hacer política, sin modificar por ello las estructuras económicas.

Navarro, sin embargo, había empezado a ceder bajo la pre­sión de la cooptación política de Gaviria. Para ese momento lograr una ruptura con el régimen no hacía parte del discurso de los dirigentes del M-19. Cuando el movimiento dejó las armas, trató de mostrarle a la sociedad que era suave, dúctil; se había legalizado y, por tanto, hacía parte de las instituciones. A pesar de su popularidad, el M-19 no había sido capaz de cons­truir una visión alternativa para el país, y poco a poco se volvió una fuerza política de paz, que evadía completamente la posi­bilidad de ser un agente de ruptura política o económica. Alvaro Gómez se diferenciaba del M-19 en ese sentido. Por lo menos, él sí planteaba fracturas con el régimen y su estado de corrupción.

Cuando empezó la Constituyente no tardaron en aparecer los lobbies. Todos los sectores con intereses sociales querían par­ticipar en esa gran instancia de poder: los obreros, el empresariado, los terratenientes, los partidos políticos. Ninguno quería desaprovechar la oportunidad de dejar su huella en la que sería la nueva Constitución del país. Navarro, consciente de eso, se asesoró de los socialistas españoles, que venían de firmar el Pacto de la Moncloa en España. A nosotros nos parecía bien que ellos nos ayudaran porque, para entonces, no éramos conscien­tes de que los militantes del PSOE habían empezado a dirigirse hacia el neoliberalismo.

La alianza entre Gómez y Navarro se dio en busca del desa­rrollo de la Constitución del 91. Ambos buscaron introducir formas para democratizar la economía y para garantizar dere­chos colectivos que antes no existían. Los unía el deseo de cons­truir la Carta en torno a una visión de democracia liberal. Y, si se lee hoy, resulta evidente que la Constitución es formalmente democrática. Pero, al mismo tiempo, durante la asamblea se empezaron a colar una serie de artículos transitorios que pre­sentó el gobierno de Gaviria. Y esos eran, en esencia, ios artícu­los del neoliberalismo.

De esa manera, en la Asamblea Nacional Constituyente existió desde el comienzo una extraña concertación entre un pro­yecto democrático y un proyecto neoliberal. Mejor dicho, se mezclaron el agua y el aceite. Tanto Navarro como Gómez Hurtado permitieron que eso sucediera porque solo de esa manera podían obtener el apoyo de Gaviria. De lo contrario, la asamblea hubiera entrado en contradicción con la rama ejecutiva, un paso peligroso que ninguno de los dos líderes quería dar a pesar de que ellos tenían el poder de cambiar al Gobierno nacional. En ese momento, Navarro incluso tenía la posibilidad de ganar la presidencia en 1994, según las encuestas que se publicaron por esas fechas. Hubiera pasado de dejar las armas a ocupar el solio de Bolívar en unos pocos años, iniciando una ola progresista que se hubiera regado por toda América Latina. Pero, en su defensa, esa apuesta no tenía la madurez suficiente como para que realmente hubiese funcionado.

Los artículos transitorios de Gaviria, aprobados en su tota­lidad, comulgaban con la tesis y los ejes fundamentales de la construcción del neoliberalismo en el mundo: la independen­cia del Banco de la República y la privatización de lo público. Ese articulado después se desarrolló en algunas leyes: en la Ley 100 de 1991, que permitió la privatización de la salud y de las pensiones y que convirtió la salud en una mercancía; en la Ley de Servicios Públicos, la Ley de las Telecomunicaciones y la Ley Eléctrica, que abrieron las puertas a la competencia y a la priva­tización de todos los servicios públicos en el país. Todas estas leyes afectaron al Banco de la República y después tuvieron una aplicación en el modelo neoliberal en Colombia.

Después de aprobar la inclusión de esos artículos, la alianza entre las fuerzas de derecha de Gómez Hurtado y las de Navarro, que ya no se podían considerar de izquierda, entró en una nueva fase. Los dos cabecillas buscaron responder la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para que el Congreso apruebe y vuelva realidad el cuerpo central de la Carta, y no solo los artículos? A Gómez, entonces, se le ocurrió una idea: convenció a Navarro de que la Asamblea Constituyente debía declarase a sí misma como Asamblea Legislativa. Mejor dicho, que después de terminada la labor constituyente, la asamblea se estableciera como el nuevo Congreso de la República. Esta idea, que implicaba la revocatoria del Congreso vigente, era un paso crucial para lograr el objetivo central de Gómez: destruir el régimen político dientelista del país.

Es importante recordar que la asamblea no tenía ningún papel claro como institución. Nunca fue realmente una estancia popular. Aun así, la idea de la revocatoria del Congreso sonó más allá de los propios recintos de la asamblea, y comenzó un nuevo proceso de concertación política entre el liberalismo que dirigía Alfonso López Michelsen y el gobierno de César Gaviria, que ya había obtenido sus artículos, pero que ahora necesitaba de un Congreso capaz de desarrollar, a través de leyes, el régi­men neoliberal.

 La tesis de Gómez y el acuerdo entre él y Navarro no le convenía ni al Gobierno ni al Partido Liberal, porque esa alianza de fuerzas relativamente progresistas iba en contravía de la dimensión neoliberal de la Constitución del 91.

En ese momento, Navarro cometió un error histórico: rom­pió el acuerdo con Gómez sin decirle a nadie y aceptó un almuerzo con López Michelsen y el presidente Gaviria. En la reunión, los tres hicieron una nueva alianza, que consistía en adelantar las elecciones para un nuevo Congreso e inhabilitar a los constituyentes en las nuevas elecciones. Ese nuevo pacto no solo anuló el que ya existía entre Navarro con Gómez, sino que borró de un tajo la voluntad de los votantes que eligieron a los constituyentes. Las nuevas elecciones se fijaron para el 9 de diciembre de 1991.

Un día, en medio de estas grandes movidas políticas, visité a Otty Patiño, que era constituyente. Otty me dijo una frase que me sorprendió, y que mencioné al final del capítulo anterior. Me anun­ció: “Esta es la revolución. No he podido olvidar esas palabras, porque al principio no las capté. Cuando las dijo, Otty pisaba un tapete muy fino en el Centro de Convenciones, y yo no entendía cómo se le podía llamar a eso la revolución. Para mí, la revolución era el pueblo en las calles, como protagonista de las transforma­ciones. En ese momento, ya era claro que la ruta no eran las armas, pero era evidente que ser unos políticos muy alejados del pueblo haciendo normas tampoco era el camino. La Constituyente no era, sin duda la revolución. Ese mismo día, hablando con Navarro, escuché otra frase que me sorprendió. Navarro dijo: “Los tanques pueden atentar contra la Asamblea Nacional Constituyente”. Él se refería a que el Ejército podía organizar un golpe contra la nueva Carta. En ese entonces, él tenía mucho más acceso a información que yo, que me pasaba los días recorriendo los pueblos de Cundinamarca en un carro polvoriento.

Por alguna razón, ambas frases se juntaron en mi cabeza. Se me ocurrió pensar que, en la unión de las dos, existía una posi­bilidad para hacer la revolución. ¿A qué me refiero? A que, si los tanques hubieran atacado la Asamblea, habría nacido una opor­tunidad. Sin duda, al pronunciar su frase, Navarro no pensaba lo mismo. En cambio, tenía en mente el episodio del Palacio de Justicia y la llamada guerra sucia, que causó el exterminio de la Unión Patriótica. Navarro temía que el episodio se repitiera, pero con nosotros como sus víctimas. La situación del mundo alimentaba ese miedo. Por esas fechas no era inusual que alguien, comentara que el modelo cubano estaba a punto de claudicar. Ya se había desmantelado el bloque soviético y faltaba muy poco para la disolución de la Unión Soviética. En 1991 se había aca­bado, en definitiva, el socialismo real.

Ese desplome impactó a la Constituyente. No afectaba como tal al M-19, pues nuestro movimiento no estaba bajo la influen­cia de los rusos. Nuestra única relación era con Cuba, pero por la amistad que había existido entre Jaime Bateman y Fidel Castro. El derrumbe de la Unión Soviética, sin embargo, trajo con sí el derrumbe de la alternativa y el derrumbe a escala mun­dial de la fuerza obrera. Lo que surgió fue una enorme ofensiva del gran capital en el mundo, y en ese sentido la Asamblea Constituyente perdió mucha relevancia. Se quedó sin ningún respaldo popular, metida en una especie de agujero negro, cha­poteando un proyecto democrático, pero sin sustento econó­mico y sin viabilidad por las circunstancias mundiales.

Navarro, consciente del contexto global y de la historia reciente del país, tenía los argumentos para respaldar la posibi­lidad de que atentaran contra la Constituyente o contra noso­tros. Nunca volvimos a hablar del tema, pero ambos sabíamos qué si el Ejército llegaba a sentirse vulnerable podía organizar un golpe de Estado. Ya lo había hecho, en la toma del Palacio de Justicia. El Ejército se había sentic agredido por las acusacio­nes que iban a hacerse en la Corte Suprema de Justicia por tor­turas contra militantes del M-19, y que involucraban a toda su cúpula militar. Su respuesta consis Lió en derrocar a esa corte asesinando a buena parte de sus magistrados. Como escribí en un capítulo anterior, los exámenes Prenses actuales demues­tran que todos los disparos que recibieron los jueces fueron de armas de las Fuerzas Militares de Colombia.

Navarro, en mi opinión, pensaba que podía haber un epi­sodio similar si la Constituyente se dedicaba a destapar la ver­dad en torno ala represión militar, el asesinato y la desaparición de tantos colombianos. Y, por eso, optó por un pacto de silen­cio. Articuló un pacto entre el Partido Liberal y el M-19, que resultó en la cooptación del movimiento, al igual que ocurrió con casi todas las fuerzas revolucionarias que había en el mundo. Los grandes sindicatos, los partidos obreros en Europa y los movimientos de liberación nacional en Asia y en África sintie­ron la embestida de una gran ofer iva conservadora. El M-19, guardadas las proporciones, hizo parte de ese proceso en el que el acumulado de luchas sociales y de cambios reales de la huma­nidad durante el siglo XX se derrumbó en los años noventa.

Así, Navarro, por medio del silencio, por medio de la coop­tación, buscó desactivar cualquier posible atentado contra la Constituyente. Desde 1987, el M-19 no consideraba al Ejército como un enemigo; por el contrario, siempre creyó en la idea de ganarse a los soldados. Sin tmbargo, era importante ejecutar una reestructuración democrática de las Fuerzas Armadas en la Constitución del 91. Pero, claro, eso no sé llevó a cabo. Por eso, cuando escuché la frase de Navarro, pensé que un ataque de tanques quizás hubiera sido la mejor opción. Porque, en ese caso, el papel del M-19 hubiera consistido en levantar al pueblo en nombre de la democracia y de la nueva Constitución.

Al final del día, en la Constituyente el M-19 recorrió el camino de claudicación. Para preservar un texto democrático, para cui­dar sus pilares fundamentales y, en especial, los capítulos relacio­nados con los derechos de la gente, el M-19 renunció a toda idea revolucionaria. Solo la historia dirá si tomó la decisión acertada. Para mí, hoy, ese texto constitucional es una bandera que no se ha ondeado y que, por eso, todavía es un objetivo por conseguir. Habría que decir que Navarro, Otty y los demás miembros del movimiento que ocuparon escaños en la Constituyente tuvieron razón en ceder tanto con tal de mantener la vigencia histórica de la Constitución del 91, pero el resultado implicó, para mí, el final del M-19. Es ahí que el M-19 realmente llega a su fin. La Constitución del 91 fue su capítulo fmal.

Porque, cuando llegaron las elecciones para el Congreso en 1991, la derrota del movimiento fue rotunda. El clientelismo político v la financiación de las mafias lograron borrarnos del mapa. A nosotros y, también, en mayor proporción, a Gómez Hurtado, cuyo movimiento solo logró cinco escaños en un Senado de cien. El M-19 logró nueve. Mejor dicho, la fuerza mayoritaria de la Constituyente terminó con el 14 % del Senado. Si a ese número se le suman los tres representantes de la Unión Patriótica, las fuerzas de la vieja política se quedaron con el 85 % de la torta, tanto en el Senado como en la Cámara de Repre­sentantes. Con ese resultado murió cualquier posibilidad de una aplicación legal al cuerpo de la Constitución clel 91.

Y, en su lugar, llegó la contrarreforma.

Un periodista podría escribir la historia del M-19 y cerrar el libro con la Constituyente. Podría argumentar que el relato tiene un final feliz: la guerrilla que deja las armas termina, en menos de un año, impulsada por el voto popular para redactar una nueva Constitución. El último capítulo de nuestro libro hipoté­tico aplaudiría el hecho de que el M-19 ayudó a eliminar la Carta retrógrada y reaccionaria de 1886, producto de una oligarquía profundamente antidemocrática y cercenadora de libertades. Nuestro periodista celebraría que se hubiera acabado la figura del estado de sitio que llevó al M-19 a las armas. Aclamaría el final definitivo del Frente Nacional. Diría, en el último párrafo, que una nueva fuerza se había vuelto mayoría y que, por eso, las posibilidades de gobernar a Colombia se habían abierto. Pero, como sabemos, los finales felices no existen.

Para comprender por qué el final de la nueva Constitución no es tan bonito es importante entender, primero, el proceso de votación. Para elegir a los constituyentes votaron 3 800 000 colombianos. En esa misma época, en las elecciones del Congreso votaban unos ocho millones. Esa diferencia se debió a que, en el primer caso, no participaron las maquinarias elec­torales y su dinero derivado del narcotráfico. Como resultado, por la Constituyente solo salió a votar una masa relativamente urbana, compuesta de clases medias, jóvenes y algunos asala­riados. Mejor dicho, la modernidad colombiana. No salió, en cambio, el electorado rural, el de provincia, el popular. Y ese hecho marcó la historia de Colombia, porque lo que debió haber sido un tratado de paz, como el jurista italiano Norberto Bobbio llamaba a las constituciones, se convirtió, por su escaso margen de apoyo social, en la antesala de la violencia más desgarradora e intensa que ha vivido el país.

Nosotros ni siquiera contemplábamos la posibilidad de que pudiera haber una reacción adversa. Asumíamos, ingenuamente, que la gran mayoría del país quería las mismas transformacio­nes que nosotros. Para el movimiento la nueva Constitución era, a pesar de sus vicios, el gran acuerdo nacional, el gran diálogo nacional. Pero no entendimos que la nación no estaba contem­plada. Y no es que la nación estuviera en contra, sino que no sabía qué significaba ese proceso. El mensaje de un nuevo hori­zonte democrático simplemente no hizo mella en la gran masa de los colombianos.

En las siguientes elecciones locales, en ciudades como Bogotá y Barranquilla, pero también en pueblos, salieron elec­tos algunos candidatos que eran independientes de los partidos tradicionales, pero la mayoría era de la política tradicional. Y, por eso, inició la gran contrarreforma en contra de la Consti­tución del 91. La Carta, con su nuevo discurso, prendió las aler­tas de las élites regionales, la mayoría de las cuales ya estaban en alianza con el narcotráfico y, por eso mismo, habían empezado a construir ejércitos privados. En otras palabras, se habían aden­trado en el mundo paramilitar. Y ese tríptico compuesto por el narcotráfico, las élites regionales y el paramilitarismo se alzó en armas contra la nueva Carta porque temía tanto su poder democratizador como la idea de que una reforma agraria acabara con las cuotas de poder en siis regiones. Entonces, desataron una violencia peor que la de la guerra sucia contra la Unión Patriótica, una ola criminal que asesinó a 200 000 colombianos, sin importar que militaran o no en un partido político. No. Simplemente exterminaron a todos los que intentaron coger el cuerpo central de la Constitución como bandera para democra­tizar el poder local.

Por eso no se puede decir que la elaboración de la nueva Carta Magna represente un final feliz. Porque su legado real fue un texto que apenas se ha aplicado parcialmente en algunas par­tes del país. Y porque su principal efecto secundario fue la con­solidación de un terrible régimen en muchas regiones de Colombia, donde los clanes locales se transformaron en dicta­duras que, en alianza con los ejércitos privados del narcotráfico, desataron un genocidio y convirtieron al país en una enorme fr común. Y en ese mundo ya no podía existir un M-19. No lo permitirían. El movimiento le prometió al país una ban­dera y un horizonte, pero al final no pudo cumplir.